En estos días empezó a circular el borrador de la llamada “Ley de Libertad Educativa”.
En pocas páginas, propone derogar la Ley de Educación Nacional y reordenar casi todo el sistema: roles del Estado, financiamiento, carrera docente, evaluación, e incluso el lugar de las familias y las escuelas privadas.
¿Es una buena noticia? Depende de qué entendamos por libertad.
Lo que el proyecto acierta (y vale defender)
Hay puntos que, bien implementados, pueden abrir puertas muy necesarias:
- Reconoce a la familia como agente primario de la educación y coloca la libertad de enseñar y aprender en el centro. Eso corrige años de un modelo donde la escuela aparece como única vía legítima.
- Da rango explícito a la educación en el hogar, la educación híbrida y la educación a distancia como formas válidas de Educación Básica, siempre que se acrediten los contenidos mínimos. Para miles de familias que hoy se mueven en la ambigüedad del homeschooling, esto es un cambio enorme.
- Abre un fuerte espacio de autonomía curricular: los contenidos mínimos nacionales ocupan una parte de la carga horaria y el resto se destina obligatoriamente a proyectos propios de cada institución. Ahí caben modelos innovadores, proyectos interdisciplinarios, educación digital, pensamiento crítico, makerspaces y todo lo que hoy muchas veces se hace “a pulmón”.
- Reconoce la diversidad y menciona expresamente a las altas capacidades, obligando al Estado a identificarlas tempranamente y ofrecer respuestas específicas. Para quienes trabajamos con neurodiversidad, eso no es un detalle: es un cambio de marco.
- Valoriza la educación no formal y comunitaria, permitiendo que proyectos culturales, sociales o tecnológicos tengan canales de reconocimiento de aprendizajes.
Hasta ahí, la música suena afinada: más opciones, más trayectorias posibles, menos rigidez administrativa.
Donde la “libertad” puede convertirse en nueva desigualdad
El problema no es la idea de libertad educativa. El problema es qué pasa cuando la libertad se piensa sin un marco fuerte de inclusión y equidad.
Algunas zonas de riesgo:
- Declarar a la educación básica como “servicio esencial” sin cuidar el derecho a la huelga puede terminar en docentes más desgastados y menos escuchados. Y sin docentes cuidados, no hay innovación sostenible.
- Dar autonomía casi total a las instituciones privadas para definir admisión, permanencia y disciplina, sin salvaguardas claras, abre la puerta a guetos educativos: escuelas para ricos, para pobres, para “normales”, para “raros”. La libertad sin límites mínimos termina siendo libertad para excluir.
- El esquema de financiamiento, con aportes a escuelas privadas y vales/becas para familias, puede ampliar la libertad real de elección… o profundizar la segmentación social, si la escuela pública se debilita y los vales no alcanzan para acceder a opciones de calidad.
- Las evaluaciones nacionales con publicación de resultados por escuela, sin un enfoque responsable, suelen derivar en rankings, estigmatización de instituciones en contextos vulnerables y enseñanza centrada en el examen, no en el aprendizaje profundo.
- Vincular demasiado linealmente evaluación docente con “resultados de aprendizaje” de los estudiantes es peligroso si no se reconocen las condiciones materiales en las que ese aprendizaje ocurre.
En resumen: sin reglas claras, la “libertad educativa” puede convertirse en un sistema donde quienes ya tienen capital económico y cultural amplían sus opciones, y quienes no lo tienen quedan atrapados en ofertas residuales.
Qué ajustes necesita una ley así para estar a la altura del siglo XXI
Si el objetivo es realmente ampliar derechos y no solo redistribuir privilegios, una ley de libertad educativa debería, como mínimo:
- Blindar la inclusión y prohibir la discriminación
- Criterios de admisión transparentes.
- Prohibición explícita de seleccionar o expulsar estudiantes por discapacidad, orientación sexual, situación socioeconómica o perfil cognitivo.
- Mecanismos de supervisión y sanción real.
- Definir la educación como servicio esencial con equilibrio
- Asegurar continuidad para estudiantes, sí,
- pero con mesas paritarias fuertes, participación gremial y garantías efectivas del derecho a la protesta.
- Incorporar la innovación pedagógica en serio, no como slogan
- Nombrar explícitamente DUA, ciudadanía digital, salud digital, pensamiento crítico, creatividad, learnability, ABP y makerspaces como componentes estructurales, no “optativos simpáticos”.
- Diseñar sistemas de acreditación flexibles para homeschool y modelos alternativos
- No solo exámenes estandarizados: también portafolios, proyectos, evidencias cualitativas.
- Instancias presenciales y virtuales distribuidas territorialmente.
- Espacios de reconocimiento oficial para proyectos educativos que nacen fuera de la escuela tradicional.
- Reformular la evaluación y el uso de los datos
- Evaluar para mejorar, no para castigar.
- Publicar resultados acompañados de contexto y recursos disponibles.
- Incorporar indicadores socioemocionales, de clima institucional y participación comunitaria.
- Atar el financiamiento a inclusión y calidad real
- Escuelas que reciben fondos públicos (estatales o privadas) deben demostrar que incluyen, cuidan y hacen aprender a estudiantes diversos, no solo que tienen buenas notas en una prueba.
Libertad + responsabilidad: la ecuación que falta
Una ley que reconozca homeschooling, proyectos híbridos, educación no formal y trayectorias personalizadas puede ser una oportunidad histórica para transformar el sistema educativo argentino.
Pero la libertad educativa sin una ética clara de inclusión, sin piso de calidad para todos y sin marcos que protejan a quienes menos opciones tienen, se convierte en otra forma de desigualdad.
El futuro de la educación no está en volver al monopolio estatal ni en entregar todo al mercado.
Está en construir un ecosistema donde convivan escuelas públicas fuertes, proyectos privados responsables y propuestas alternativas innovadoras, con un hilo rojo: ningún niño, niña o adolescente se queda afuera.
Ahí es donde esta ley se juega de verdad.
Spanish 
English